Ingresan proyecto que prohíbe cancelar matrícula por no pago

24 Junio 2020

La iniciativa impediría que los establecimientos particulares y subvencionados nieguen la matrícula de 2021 a estudiantes por deudas originadas tras la pandemia

En el marco de la pandemia Covid-19 y sus consecuencias económicas, las diputadas e integrantes de la Comisión de Educación, Camila Rojas (Comunes) y Cristina Girardi (PPD), presentaron un proyecto de ley (boletín 13.585) para impedir que los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados cancelen o impidan la renovación de la matrícula a estudiantes que presenten deuda por el no pago de mensualidades para el año 2021.

Para ello, se considerará si la situación financiera de la familia del estudiante se ha visto menoscabada en los casos que algún miembro de su grupo familiar haya perdido su empleo producto de la crisis.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo a nivel nacional (febrero-abril) llegó al 9%, la cifra más alta de la última década.

Cristina Girardi, una de las autoras de la iniciativa, explicó que “vamos a establecer una ley que prohíbe a los colegios particulares y particulares subvencionados impedir la renovación de la matrícula para el año 2021. Si los padres han quedado sin trabajo y no tienen recursos, lo que se mantiene durante el 2021, hemos planteado que a los niños se les debe asegurar su trayectoria escolar, su permanencia en la escuela, no solo durante el año 2020, sino también el 2021”.

La parlamentaria destacó que intentarán tramitar el proyecto con la mayor urgencia posible en la comisión de educación “para asegurar que los niños no vean alterada su escolaridad”.

Por su parte, la diputada Camila Rojas, presidenta de la Comisión de Educación, remarcó que “estamos poniendo por delante el derecho a la educación que tienen las y los niños, porque no estamos hablando de un producto que dejas de comprar, es un derecho que debe estar garantizado. En este momento debemos darles la tranquilidad a las personas de que, aunque son tiempos duros, se respetarán sus derechos, en este caso el de la educación”.

El proyecto de ley cuenta con el apoyo de los diputados Rodrigo González (PPD), Juan Santana (PS), Gonzalo Winter (CS) y Camila Vallejo (PC).

Resguardar el derecho a la educación

Frente a la contingencia sanitaria actual, la moción señala que los principios de resguardo a la educación y la trayectoria educativa se encuentran consagrado constitucionalmente en el numeral 10 del artículo 19 de nuestra Carta Magna.

En el inciso primero del mencionado artículo, se establece que “la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”. Por lo mismo, los estudiantes tienen el derecho a educarse de forma continua y permanente con el fin de alcanzar el máximo desarrollo como personas.

Además, al seguir el espíritu del resguardo al derecho a la educación como derecho continuo y permanente, el artículo 11 de la Ley General de Educación, y específicamente los incisos tercero y cuarto establecen:

“Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los alumnos.

El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución educacional, en particular, los referidos al cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido”.

En razón de esto, se establece en la ley la prohibición de expulsar o cancelar la matrícula para el mismo año escolar por motivo del no pago de mensualidad, pero los establecimientos si tienen la opción de cancelar la matrícula para el año escolar siguiente, siendo una expulsión implícita para el año próximo, lo que vulnera el derecho a la educación del estudiante.

El proyecto indica que existe jurisprudencia al respecto, siendo uno de ellos el fallo unánime (causa rol 16-2016) de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que en lo pertinente señala:

“Que, la naturaleza jurídica de la prestación de servicios educacionales que un colegio particular subvencionado confiere a sus alumnos, es la de una convención que crea derechos y obligaciones para las partes, regulándose supletoriamente por las normas aplicables a los contratos en el Código Civil. Con todo, el deber que cumple el Colegio, incluso siendo particular subvencionado, es también la forma que ha permitido el legislador para asegurar el derecho a la educación a las personas que eligen el sistema de educación privado, garantía contemplada en el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República, por lo que el correcto aseguramiento de tal derecho debe ser, necesariamente, un elemento orientador de la interpretación que se efectúe al resolver un conflicto de relevancia jurídica”.

La sentencia precisa que:

“Al prohibir la matrícula de la alumna para el año 2016, la recurrida impide a personas que se encuentran en igualdad de condiciones –haber cumplido los requisitos académicos para matricularse– acceder a los mismos derechos, basándose en un motivo ajeno a la Academia, consistente en el no pago de deudas, pasando por alto los medios legales para exigir su solución, por lo que la medida es discriminatoria y vulnera forma arbitraria su derecho a la igualdad ante la ley”.

Por todo lo expuesto anteriormente, las diputadas Girardi y Rojas relevan “la necesidad imperiosa de aliviar las consecuencias negativas que puede conllevar (esta) crisis”, respecto del estudiante que presente deuda en su establecimiento educacional.
 


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