Proyecto presentado en Torneo Delibera, que obliga el uso de cámaras en vehículos, ingresa como moción parlamentaria

27 Julio 2021

iniciativa corresponde a estudiantes del Colegio Marina de Chile de la comuna de Concepción, que participaron de la competencia el año 2019.

El 22 de junio de 2021 ingresó a tramitación la moción (boletín N° 14.330-15) que modifica la ley de Tránsito para exigir que los vehículos cuenten con una cámara de seguridad de registro audiovisual, y sancionar su omisión, según las consideraciones que indica. Este proyecto tiene su origen en una iniciativa del Torneo Delibera y es patrocinada por los diputados Jenny Álvarez, Iván Flores, Félix González y Pamela Jiles.

En el torneo juvenil de ley, los estudiantes del “Equipo Rocket” del Colegio Marina de Chile de la comuna de Concepción, conformado por Solange Fierro, Nicolás Contreras, Joaquín Ortiz y Carlos Vargas, fueron premiados con el primer lugar por su propuesta denominada “Ley que establece el uso obligatorio de cámaras de seguridad en vehículos particulares”.

Para los estudiantes, una de las alternativas que podrían mejorar la seguridad vial y los siniestros de tránsito es implementar una nueva tecnología basada en la instalación de cámaras al interior de los vehículos motorizados, con la finalidad de entregar un medio de prueba que permita sancionar a los responsables de este tipo de accidentes.

“Hicimos un compromiso en nuestra Región del Biobío con los y las estudiantes que participaron el año 2019 de poder presentar el proyecto ganador como proyecto de ley en la medida que fueras atribuciones del Congreso. Y este proyecto que ganó nos parece muy necesario y estamos cumpliendo este compromiso. Lo teníamos presupuestado ingresar y tramitar en noviembre de 2019, pero vino el estallido social y luego la pandemia, por eso lo hemos postergado este tiempo y de acuerdo a la agenda legislativa es el momento propicio para que esté ahora”, precisó Félix González, uno de los diputados que firmó el proyecto de ley al diario La Tercera.

Bajar siniestralidad

Entre los fundamentes que se entregan en el proyecto, destacan las cifras dadas por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la cual establece que “durante el año 2014 se registraron 78.445 accidentes de tránsito con 1.630 fallecidos, durante el año 2015 se registraron 79.880 accidentes con 1.646 fallecidos, durante el año 2016 se registraron 91.711 accidentes con 1.675 fallecidos y por último durante el año 2017 la cantidad de siniestros automovilísticos fue de 94.879 con 1.483 fallecidos”.

Pero, además de las cifras, la propuesta apunta a que los accidentes de tránsito no solo tienen costos humanos, sino que también costos económicos, “entre los que podemos enumerar algunos factores tales como traslados, hospitalizaciones, días perdidos de trabajo, pagos de seguridad social. Estos gastos se traducen en un costo para el estado de $1.500 millones de dólares cercanos al 3% del producto bruto del país en el año 2017 (FESVIAL)”, dice la moción.
Considerando lo anterior, un problema grave que vieron los estudiantes es que “la gran cantidad de estos accidentes señalados anteriormente conllevan juicios, de los cuales muchos de ellos se resuelven de modo que no se penaliza al verdadero culpable o incluso no llegan a una resolución, otros tardan años o simplemente las causas quedan archivadas”.

Y una de las principales causas de estas injusticias, tal como se lee en el texto presentado por los diputados, “es la falta de evidencia objetiva y concisa de la que disponen los magistrados al momento de atribuir responsabilidades. Esto genera descontento en la población afectada, pues se espera que la justicia llegue a resolver estas y otras situaciones, proporcionando un veredicto ecuánime”.
Sobre los detalles del sistema que se propone, el diputado González precisó que “es una instalación de bajo costo, mirando hacia afuera y que puede ser abierta solo una vez, al que tenga acceso el Juzgado de Policía Local o la fiscalía. No es de uso privado, es una especie de caja negra que se abre a petición de los tribunales”.

Respecto de los vehículos a los que se le exigiría esta cámara y el valor, el diputado González agregó que “la tramitación puede modificarse, pero planteamos que sea para vehículos nuevos y antiguos. Cuando se planteó el proyecto el costo es de 16 mil pesos, además ocupa la energía del auto, no necesita de pilas”.
En cuanto al uso, el proyecto de ley dice que “estando correctamente instalada al momento de encender el vehículo, esta comenzaría a grabar de inmediato sin orden alguna. La adquisición e implementación de estas cámaras no es algo nuevo, en países como Francia, Alemania, Italia, Suecia, entre otros, es bastante común su uso”.

Pese al uso de cámaras en distintos países, el diputado González reconoce que “no hemos visto un país que se haga exactamente igual a como acá se plantea, no se afectaría a la privacidad de las personas, se apunta siempre hacia la calle, no hay un lugar que se vea menoscabado y además sería una cámara sellada que no se puede revisar lo que está grabado”.

Las cámaras tendrían funciones como:

1. Aportar una prueba audiovisual objetiva, confiable e irrefutable.
2. Proteger al conductor en el ámbito judicial.
3. Facilitar el trabajo de la policía y las compañías de seguros.
4. Poseer evidencia en caso de fraude, fuga y/o agresión.
5. Aportar evidencia que beneficia el trabajo de los Tribunales de Justicia.
6. Atacar las falsas declaraciones y eventuales testigos falsos.
7. Genera un ahorro importante de recursos al Estado chileno respecto de los procesos judiciales.

El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, pasando a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, donde deberá seguir adelante con el proceso legislativo.
 


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