En Chile existe un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas Estatales (SNASPE) regulado por la ley 18362 de 1984, abarca una superficie de 14,6 millones de hectáreas aproximadamente, equivalente al 20% del territorio nacional, cuyo objetivo radica la conservación del medioambiente, específicamente en las áreas de carácter único o representativo de la diversidad ecológica natural del país o lugar con comunidades animales o vegetales, paisajes o formaciones geológicas naturales, a fin de posibilitar la educación e investigación y de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, las migraciones animales, los patrones de flujo genético y la regulación del medio ambiente, según el inciso 2 del artículo 1 de mencionada ley. Además, el Sistema es administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y categoriza tres zonas principales: Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales, en las que se enfocará el proyecto. A su vez, estas poseen una normativa que las regula y las financia, donde el principal protagonista es el Estado.
Sin embargo, se considera que el presupuesto invertido en las Áreas Protegidas no es suficiente para el mantenimiento medioambiental ni la conservación patrimonial, las cuales son pilares fundamentales para la conformación y construcción de una identidad cultural chilena que haga justicia a la riqueza natural presente en nuestro país.

Asimismo, la ley 18362 artículo 11 inciso 3, dicta que la Corporación obtiene la facultad de fijar tarifas por el ingreso a las áreas silvestres, que puede ser distinta entre un chileno y un extranjero, y por los servicios que preste a externos particulares: aspectos que quedan a criterio de las Direcciones Regionales. Cabe mencionar que se exima de dicho pago a quien ingrese con fines educacionales o para investigaciones científicas. Por lo tanto, la venta de entradas genera un ingreso utilizado como una especie de recuperación de costos, que se destinarían al presupuesto de la Corporación y finalmente al área protegida. Esta venta de entradas representa un porcentaje mínimo de las ganancias, por lo que eliminarlas no generaría una gran desestabilización económica en la administración. De este modo, se fomentaría e incentivaría a la población a visitar y conocer la biodiversidad que la rodea.

El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. (Artículo 19, inciso 8 de la Constitución).

La problemática surge en el momento en que nos damos cuenta que las complicaciones económicas pueden limitar nuestro acceso a áreas ambientales protegidas. Estas zonas conforman la identidad cultural ambiental chilena, la cual se materializa potentemente con elementos que van desde el desierto de Atacama, hacia la Antártica, pasando por todo el bosque, estepa, costa, cordillera, etc. Esta identidad sufre, sin embargo, una relación estrecha con la población chilena. Por lo que nos decidimos proponer un proyecto que facilitara el acercamiento del chileno común a estos entornos, ya que, actualmente se ha evidenciado que es necesaria la mejoría de la conexión que el ser humano realiza con la naturaleza que lo rodea. Al mismo tiempo, no olvidar que el Estado, en su rol de protector y mantenedor, debe inyectar más presupuesto para mejorar y conservar de manera adecuada los parques, reservas y monumentos, con el fin estético y cultural. Es decir, estos lugares necesitan tener constante atención y cuidado por la simple razón de que forman parte del patrimonio nacional y son ecosistemas consolidados junto a las distintas especies de flora y fauna existentes en el país.
En consecuencia, la propuesta principal de este proyecto es agregar nuevos métodos y estrategias de financiamiento a las Áreas Protegidas, de modo que se fomente el tema medio ambiental y lo que respecta a nuestra cultura. Así, fácilmente se puede suprimir la tarifa para ingresar a las Áreas Protegidas, lo que a su vez incentivaría a los habitantes residentes en Chile y extranjeros a visitar lugares nuevos. Incluso, es elemental mencionar que la Constitución señala que es deber del Estado velar por un medio ambiente sustentable y la vía más eficaz es la cooperación económica.
Estrategia de Financiamiento a SNASPE:
A raíz de lo anterior, se postula un método inexistente en Chile pero que se mantiene hoy en día en otros países latinoamericanos como Cuba, Ecuador, Perú y Colombia. Este se refiere a un fondo fiduciario intangible que pueda financiar actividades y la sostenibilidad de la zona, permitiendo además la sustitución del dinero proveniente de las entradas. Este será sin fines de lucro y de interés público y social con personalidad jurídica, rigiéndose por la ley actual. El Fondo obtendrá sus recursos a través de: Capital proveniente de instituciones internacionales con enfoque a la preservación del medio ambiente; las contribuciones de gobierno y fundaciones; campañas de recaudación organizadas por el mismo Fondo; las herencias, legados y donaciones que reciba.
De la misma manera, se propone para la sustentabilidad a largo plazo con independencia de capital gubernamental, un sistema en el cual se permitan actividades organizadas por la misma institución encargada del mantenimiento del Área Protegida, tales como servicios de entretención y recreación. Esto también incentivará el comercio y turismo local, promoviendo y aumentando el progreso económico de la zona adjunta.
Teniendo en cuenta lo anterior, todo se respalda en un estadio realizado por un equipo internacional de investigadores de las universidades de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Brasil donde se tomaron en cuenta los siguientes elementos sobre áreas protegidas: de especies, Producto Interno Bruto, y costos y gastos de conservación, entre otros. El cual se trató de clasificar a los países del mundo entre los que más y menos aportan económicamente en su biodiversidad, posicionando a Chile como el noveno país que menos invierte en las Áreas Protegidas, tema preocupante viendo su amplia variedad de ecosistemas. Los resultados del estudio arrojaron que el país debería invertir al menos 55 millones de dólares más, al año, para la correcta mantención y protección de estas áreas. Para tener una noción, Chile solo gasta 60 centavos de dólar por hectárea en sus áreas protegidas, traducido a 325 pesos.
En síntesis, se puede afirmar que es necesario un mayor aporte estatal sumado a las nuevas estrategias de financiamiento para que Chile y sus Áreas Protegidas se potencien, ya sea cultural y/o socialmente, y para realzar la imagen internacional y el prestigio que estas áreas le conceden a nuestro país. Por ende, este proyecto busca inculcar e incrementar la conciencia medio ambiental de la población y una de las formas más susceptibles es eliminar el cobro de ingreso a las Áreas Protegidas, pero a su vez incentivar la economía a través servicios turísticos locales.