Instituto Del Mar Almirante Carlos Condel -IQUIQUE - Región de Tarapacá


Título iniciativa:

NORMATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO



Definición alternativa:

En nuestro país, específicamente en zonas urbanas y regiones extremas, sufrimos constantemente con las irregularidades en la prestación de servicios de transporte público, lo que redunda en un aumento del parque automotriz debido a la insatisfacción de la población local respecto a los servicios de microbuses y taxis colectivos. Resulta necesario implementar una normativa legal que regule y controle el funcionamiento óptimo de dichos servicios. La experiencia internacional indica que las zonas urbanas que cuentan con una locomoción colectiva ordenada y conscientemente planificada, muestran menores índices de atochamiento, contaminación, sumado a una alta satisfacción y uso masivo de la población. Destacar que históricamente la problematización del transporte ha estado dentro de todas las políticas públicas de los gobiernos de turno, desde la implementación del metro en el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva en 1969, concluyendo con la implementación en el 2007 del Plan Tran Santiago. Actualmente las regiones viven en una precariedad constante por la baja inversión que existe en la maquinaria utilizada para la prestación de los servicios, no cumpliendo muchas veces con los estándares y prestando a su vez un servicio en pésimas condiciones.


Propuesta legislativa:

Proponemos la creación a través de un mensaje presidencial, de una ley que obligue al Estado como proveedor de transporte público, y a las empresas privadas que brindan este servicios de transportes, a contar con requerimientos mínimos estandarizados, que estarán a cargo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. La idea de ello, es también considerar fundamentalmente a la gente en situación de discapacidad, tercera edad y niños, ya que como bien sabemos se encuentran en una situación de desprotección frente al uso de estos servicios. A través de esta iniciativa, buscamos obligar a los privados y a su vez al Estado de que sea responsable de proveer esta necesidad básica de la población, pero a su vez proponiendo una mejora de la prestación en el servicio como países de la OCDE a la cual Chile actualmente pertenece. En caso de inobservancia de esta normativa propuesta, las sanciones serían i) multas desde 10 a 50 UTM y; ii) en caso de reiterar las infracciones, la prohibición del ejercicio de la prestación de servicios de transportes para la empresa.