El Estado chileno tiene como desafío pendiente las problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias dañinas y adictivas en nuestra sociedad. A pesar de instituciones como SENDA, a cargo de estos casos, los problemas siguen existiendo.
Según los datos de SENDA, 53% de los ingresos de 2017 ya habían recibido tratamiento previo, por lo que nos preguntamos ¿Qué ha ocurrido con estos tratamientos? ¿Se han finalizado? De esta manera, reconocemos un problema en el carácter voluntario del tratamiento (Sólo es obligatorio por órdenes judiciales: 26% de los ingresos) ya que da el espacio para que el paciente abandone su tratamiento y no logre recuperarse.
Nuestra iniciativa: Establecer obligatoriedad del Estado para responsabilizarse de la identificación, rehabilitación, reinserción social y laboral del consumidor. Así mismo, el paciente deberá estar obligado a tomar un tratamiento y comprometerse a terminarlo.

Las problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias adictivas son un desafío pendiente para Chile. No solamente en la prevención de su consumo,sino que en el tratamiento y rehabilitación de estas adicciones. Ya que, a pesar de que existen instituciones como SENDA, a cargo de estos casos, los problemas persisten.
SENDA, quien se hace cargo de la prevención y rehabilitación de personas con adicciones, nos otorga índices desfavorables sobre esta materia. Más de 29000 personas fueron atendidas en el año 2017, lo cual es un importante número de población en nuestro país, en nuestra región de Aysén 365 personas fueron atendidas, de igual forma un numero significante si pensamos que esto sólo nos dice las personas que llegaron en busca de un tratamiento y no del total de adictos.
Asimismo, podemos señalar que la principal sustancia por la que se ingresa a un tratamiento es Pasta Base (35%) la cual es considerada una droga dura y tiene una dificultad importante al dejarla, por lo que se necesita un apoyo constante y riguroso en la rehabilitación. No sólo las drogas ilícitas nos hacen adictos o tienen efectos negativos, sino que drogas legales (alcohol) también generan adicción y consecuencias negativas, por ejemplo, durante el 2017 se produjeron 157 muertes y 6054 lesionados sólo por accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol u otras drogas, en conductores o peatones.
No debemos estigmatizar a los adictos pensando que son delincuentes, son personas con una enfermedad crónica tratable, sólo hay que lograr un buen tratamiento, del que el Estado debe ser responsable, bajo su premisa del bien común, de lograr la rehabilitación e inserción.
De la totalidad de personas que entran a tratamientos otorgados por el Estado, el 53% ha recibido tratamientos previos, ante esto nos preguntamos¿Qué ha ocurrido con estos tratamientos?¿Se han llevado a cabo de buena manera?¿Se han finalizado?¿Por qué recaen?¿Cómo evitar esta recaída?
A través de estas preguntas, hemos identificando nuestra problemática, la cual apunta a que todos estos tratamientos se realizan en forma voluntaria, exceptuando las órdenes judiciales (sólo el 26% de los ingresos) y que, el hecho de que sea voluntario da el espacio para que el paciente abandone su tratamiento y no logre recuperarse, volviendo a su consumo de igual o peor forma, y que a la vez, se aparte de la sociedad o sea un peligro para ella. Además, las políticas de Senda son impartidas sólo para beneficiarios Fonasa, por lo que no cubre la totalidad de la población que se pudiese ver afectada.
Pensando en aquella realidad es que levantamos nuestra iniciativa: Establecer obligatoriedad del Estado de Chile para responsabilizarse tanto de la rehabilitación como de la reinserción social y laboral del consumidor. Así mismo, el paciente, una vez ingresado -de forma voluntaria o por medio de una orden judicial- deberá estar obligado a tomar las opciones de tratamiento brindado por las instituciones correspondientes, comprometiéndose formalmente a finalizar el tratamiento proporcionado, y seguir los protocolos legales establecidos para su causa. Es decir, una vez ingresado al tratamiento se verán obligadas todas las partes a finalizarlo. Si bien la ley 20584 señala que cada persona accede de forma libre y voluntaria a los tratamientos, recalcamos la idea de la obligatoriedad de la finalización del tratamiento por ambas partes, modificando el art. 15
Sobre lo ya expuesto, es que presentamos los siguientes puntos principales de nuestra iniciativa:
1.El tratamiento de las adicciones es responsabilidad del Estado. Por lo que debe ser el principal gestor de iniciativas para la rehabilitación y reinserción efectivas de los pacientes. Debe asegurar el cumplimiento y finalización de los tratamientos impartidos. Debe expandir los tratamientos de forma gratuita para toda la población del país que lo necesite, sin limitar si se pertenece a Fonasa.
2.Lograr el compromiso del paciente y red de apoyo. Obteniendo el consentimiento formal de que una vez iniciado el tratamiento es su obligación finalizarlo.
3.Reforzar el tratamiento ofrecido por el Estado. Reconocemos la importancia de un tratamiento integral para lograr efectos positivos en los pacientes, por lo que, se deben potenciar los tratamientos existentes en sus distintas etapas.
4.Fortalecer la fiscalización del cumplimiento del tratamiento con especialistas, llamadas, visitas al hogar, multas en dinero e internación en viviendas de apoyo.
Así, abordamos la mencionada necesidad social y nos hacemos cargo como país del bienestar de los hombres y mujeres adictos, dándoles la posibilidad de una vida digna. Entregamos la opción de mejorar nuestra sociedad, sanando a sus integrantes y enriqueciéndola con sus aportes. Con su recuperación, los chilenos avanzamos hacia el desarrollo de una sociedad más empática, justa, consciente, responsable y como se señala en la Constitución se apuntaría al Bien común, fin principal de nuestro Estado.