Nuestro país es uno de los países que cuenta con la privilegiada disponibilidad de recursos hídricos de superficie a nivel global, contando con una de las mayores reservas de este recurso en la zona austral. En tanto, en las últimas dos décadas se han incrementado los problemas de gestión, acceso y gobernabilidad de este elemento tan vital para el ser humano y sus actividades económicas. Este patrimonio que, nos pertenece, está irregularmente distribuido en el territorio nacional, debido a las diversas condiciones físicas y climáticas que se han presentado en nuestro país, llegando a enfrentarse comunidades campesinas contra empresas mineras.
El decreto de ley número 1122, denominada el Código de Aguas han generado la pérdida del carácter de bien público del agua, provocando la privatización parcial o total de este recurso.
Chile ha sido uno de los países en los cuales vemos presente la implementación de un régimen de libre mercado en el manejo de los recursos hídricos. Se trata de un mercado en donde el Estado concede la concesión de agua al sector privado con facilidad y a perennidad, generando así una concentración de derechos en unos pocos y, a su vez, un uso ineficiente de los recursos, perjudicando a los pequeños agricultores. Es por esto que debemos modificar el Código de Aguas, promulgado en el 1981, tales como:

1. Se hace necesaria la creación de Institutos Regionales de Hidráulica (IRH), los cuales tengan por misión el análisis permanente de la situación hídrica de cada región y, a su vez, la optimización de usos de este recurso. Este instituto debe ser supervisado por el Ministerio de Obras Públicas, aportando con datos fidedignos a la fiscalización de uso hídrico por parte de las empresas realizadas por el DGA.

2. Fiscalización por región, principalmente en las zonas declaradas en estado de emergencia ambiental. Al existir irregularidades , se deberá cobrar una multa a la empresa o persona responsable de aquella infracción.

3. Antes de entregar la concesión de aguas a las empresas, se deberá realizar un estudio hidrográfico por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) apoyados por el Instituto Regional de Hidráulica (INH) en el sector y comprobar si es factible la extracción, de acuerdo al Estado hidrográfico de la región y su capacidad de agua en su totalidad. En caso de una respuesta positiva frente a la extracción, deberá existir límites respecto a cuánta cantidad de agua de puede   

4. Las aguas de los ríos que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro país deben ser bienes nacionales de uso público y no objeto de codicia de algunas empresas que sobre la base del objetivo energético buscan ingresar más dinero a sus arcas.

5. Las empresas que utilicen aguas y las contaminen, posteriormente las tengan que tratar para así no contaminar el sector en que se encuentre ubicado, devolviendo en lo mínimo un 30% del agua que utilizan como lo hace la agricultura, la cual devuelve en un 80% el agua a las napas subterráneas.