Liceo Diego de Alemida-Diego de Almagro

Lincoln, entendía a la democracia como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. El hecho de que la palabra “pueblo” se repita tres veces en dicha definición, universalmente conocida, no es una mera casualidad ni un recurso demagógico, sino que obedece al imperativo de que la ciudadanía se comprometa y participe en la “cosa pública”, de donde surge, etimológicamente, el concepto de “República”.

                La democracia se basa en los valores de la dignidad de la persona y la libertad e igualdad de todos los seres humanos, construyéndose a partir de dos principios que le son inherentes: “(a) el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos; (b) la autodeterminación del pueblo o soberanía popular”. (Cea, José y otros: De Acuerdo… Curso para vivir en democracia).

                El mundo de hoy converge hacia el sistema democrático de gobierno. Ya (casi) no quedan dictaduras. Sin embargo, una verdadera democracia no es posible, sin una participación ciudadana responsable y comprometida. El compromiso supone el conocimiento, la adhesión y la acción compatible de parte de quien lo profesa, faltando una de éstas, no se puede hablar de auténtico compromiso.

                Al respecto, resulta alarmante que la inmensa mayoría de los ciudadanos jóvenes de nuestro país no se interesen por participar, por ejemplo, en la elección de las diferentes autoridades que deben ser votadas por la comunidad. No quieren elegir, como tampoco quieren ser elegidos. Ello se agrava, teniendo en consideración que, en el mediano plazo, la inmensa mayoría de los habitantes del país tendrán menos de 40 años. ¿A quienes representará nuestra democracia dentro de pocos años? Es obvio que a una ínfima minoría de la población. Se tratará de una democracia aparente, no de una verdadera democracia.

                En vistas de lo anterior y considerando: (a) que es deber del Estado garantizar el respeto a la institucionalidad y a las normas jurídicas vigentes; (b) que en Chile impera el régimen democrático representativo; (c) que es imperativo promover la ética cívica, el compromiso y la participación ciudadana de todos los habitantes del país; (d) que es obligación del Estado garantizar el acceso a la Educación General Básica y a la Educación Media a todos los niños y jóvenes chilenos; (e) que la Ley Nº 20.370 / 2007, en sus artículos Nº 29 (letras C y D) y Nº 30 (letra D) considera como Objetivos Generales de la formación obligatoria el aprendizaje de la ética cívica y de la formación ciudadana, aunque sin darles el carácter de asignatura independiente.

                Se propone la creación de la Asignatura de “Ética Cívica y Participación Ciudadana”, con carácter obligatorio, para todos los estudiantes de la Educación Básica y de la Educación Media del país, a partir del 5º grado del primero de dichos niveles. Ello, a partir de una moción en el sentido de modificar los artículos Nros. 29, 30 y 31 de la Ley 20.370 / 2007, obligando a la creación de la asignatura en referencia. Para tal efecto, se propone modificar el artículo 31 de dicha Ley, obligando hacer obligatoria la asignatura que se propone, así como cada una de las otras que son fundamentales para que el proceso educativo cumpla con su finalidad global.  Será la Ley, entonces, la que determine cuales son las asignaturas obligatorias en la Educación Básica y en la Educación Media del país.  El Decreto Supremo al que se hace referencia en dicho artículo solo establecerá la carga horaria y la gradualidad de cada una de ellas, estableciendo los Objetivos Fundamentales Transversales y los Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes.

                Teniendo en consideración el carácter “opinable” de las materias a enseñar, se hace necesario que éstas sean consensuadas por los distintos estamentos y corrientes de opinión que existen al interior del país. Se propone, para ello, que los Objetivos Fundamentales Verticales y los Contenidos Mínimos Obligatorios de dicha asignatura, para cada uno de los niveles educacionales en los que debe impartirse, sean concordados por una Comisión Especial, convocada por el Ministerio de Educación, luego escuchar la opinión de los distintos partidos políticos, credos religiosos, masonería, agentes educacionales y expertos en materias éticas, cívicas y legales. Tales Objetivos y Contenidos deberán ser refrendados por el H. Congreso Nacional, en donde convergen las distintas corrientes de opinión que tienen representación parlamentaria. Posteriormente, el Consejo Nacional de Educación procederá a aprobar la propuesta ministerial