En
nuestro país existe uso legitimado de productos químicos  en producciones agrícolas, incluso de aquellos
probadamente nocivos para la salud humana, lo que constituye una preocupación
en las zonas donde las actividades de producción agrícola son las principales
fuentes  económicas como la Sexta y Séptima
región del país. Según una
investigación en la Universidad de Talca (Bustamante y Campos, 2004) se
evidencia que en zonas aledañas a la ejecución de pesticidas se observan
efectos nocivos de su manipulación, desde la degradación y alteración química
de los suelos, la contaminación directa de aguas superficiales con productos
tóxicos hasta efectos progresivos en la salud humana.El Ministerio de Salud ha
configurado desde 1993, un instrumento que demuestra la existencia de
intoxicaciones con alrededor de 700 casos anuales(Revep/Minsal),
situación que a la
actual fecha va en aumento afectando directa y “principalmente” a trabajadores
(as) agrícolas y niños.

Más aun, un estudio realizado en el
Hospital Regional de Rancagua (1999), concluye que existe “asociación
estadísticamente significativa entre malformaciones congénitas y exposición de
padres a plaguicidas, con un 40% de riesgo en expuestos a plaguicidas”.

La legislación medioambiental vigente en la materia
(Ley 3577 y 20.417) no ha sido suficiente, pues presenta déficit en la
regulación y fiscalización referente a la manipulación de productos químicos por
pequeños y medianos agricultores, quienes utilizan los químicos con escasa
información, lo que implica un riesgo para su salud y la población cercana a la
producción.

Nuestra problemática, por lo tanto, está centrada en
el uso irresponsable de pesticidas en producciones agrícolas, cuyo efecto
ocasiona daños inmediatos y progresivos para el medioambiente y la salud.

En este sentido planteamos una moción,
iniciativa de Ley orientada a la reducción de daños e instauración de sustentabilidad
medioambiental, disponiendo
normas jurídicas imperativas, prohibitivas y permisivas con carácter general y
obligatorio, conforme a lo establecido en el número 20 del artículo 63 de la
Constitución Política de la República sobre materias propias de Ley. De esta
forma el Estado
regularía el uso de productos químicos en pequeños y medianos agricultores y promovería
 mecanismos de control más sustentables
para el Medioambiente y la Salud.

Por una parte contendría disposiciones
regulatorias en el uso de elementos de riesgo bajo vigilancia y fiscalización
de la superintendencia del Medioambiente, además de acciones ante Tribunales
ambientales (Proyecto de Ley 20.600); y por otra, disposiciones para la difusión
masiva de instrucciones a pequeños y medianos agricultores sobre uso
responsable de plaguicidas, mediante capacitaciones y distribución de
información, contemplando también la promoción del uso de alternativas e
incentivos para el cultivo y la producción agrícola como bioplaguicidas o sistemas
orgánicos como fertilizantes que son, igualmente efectivos, menos dañinos y
seguros para la salud de la población. El Estado otorgará subsidios a agricultores
que incorporen a sus prácticas agrícolas alternativas más sustentables.

Con nuestra propuesta se
disminuirían las enfermedades asociadas al uso y exposición de pesticidas, se
mejorarían los sistemas de control estatal, se cumplirían medidas
internacionales de cuidado medioambiental y, finalmente, daríamos medios para
un Estado que protege la salud de la población y el medio ambiente.