“Mejoramiento al sistema de transporte público y reordenamiento del transporte privado”

Como jóvenes estudiantes, somos los principales deponentes de la dura realidad del sistema de transporte nacional actual, no calificándolo como se plantea en la teoría con sus supuestas inyecciones de dinero, mejoras “definitivas”, y los “progresivos cambios”. Estamos, por el contrario, convencidos de que así se agranda un problema, haciéndolo crónico, agudizándolo. Estamos también conscientes de nuestras ansias por legislar, y al no ser políticos solo de teoría, poseemos la capacidad de experimentar y de criticar con conocimiento de causa, teniendo la posición desafortunada y a la vez privilegiada –por paradójico que suene– de utilizar el transporte público y privado en su continuo deterioro.

El actual modelo de crecimiento demográfico, de expansión superficial y no de elevación[1], no se ajusta a los lentos avances de legislación en transportes que han sido foco en la última década, especialmente en la capital; y tampoco a una nación en vías de desarrollo. A partir de ello, se desprende una serie de problemáticas que afectan a la población regularmente:

Exclusión de personas con movilidad reducida; incumplimiento en los tiempos de viaje urbanos; falta de seguridad de pasajeros por la vejez en el parque automotor, no reparación de microbuses, falta de paraderos implementados adecuadamente, entre otras. Esto se traduce en el atochamiento de calles (“cuellos de botella”), y en un desmedro en la calidad de vida de las personas: estrés, irritabilidad, cansancio, atrasos y menos tiempo para la familia (pilar fundamental de la sociedad); considerando también, que gran parte de las campañas políticas en pro del ahorro de energía incentivan el uso de un sistema deficiente y colapsado en horas punta.

Así, nos mostramos en desacuerdo con el artículo 89 de la ley 18.290 de tránsito “Los servicios de locomoción colectiva de pasajeros y de taxis, deberán ajustarse en su operación a las normas que para los efectos determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.”, pues nos parece una obligación de la propia ley exigir los estándares mínimos para el funcionamiento ministerial en el área de transporte y, en consecuencia, proponemos soluciones como (partiendo por mejorar tal artículo de ley): eliminar taxi colectivos de las principales calles del centro de las ciudades con una población superior a 200.000 habitantes; creación de paraderos diferidos con una infraestructura adecuada; reordenar recorridos; y modernizar flotas de microbuses, por un lado, para aportar al medioambiente, y por otro, para la inclusión concreta de personas con movilidad reducida, como indica la ley 22.422 sobre discapacidad en el artículo 28 y 30 “Todo edificio de uso público y todo aquel que, sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así como toda nueva edificación colectiva, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida. Asimismo, estarán sometidas a esta exigencia las obras que el Estado o los particulares ejecuten en el espacio público al interior de los límites urbanos, y los accesos a los medios de transporte público de pasajeros y a los bienes nacionales de uso público.”, y “Todos los medios de transporte público deberán contar con la señalización, asientos y espacios suficientes, de fácil acceso, cuyas características, dependiendo de cada medio de transporte, serán establecidas en el reglamento que al efecto se dicte por los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Planificación.”, respectivamente.

El financiamiento debiese ser asumido por el gobierno central sobre el mismo Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de forma equitativa en relación a los requerimientos regionales y comunales. Los gastos a su vez, serían no mayores a los invertidos en el transporte capitalino, teniendo en cuenta la cantidad y el tamaño de las ciudades,  y considerando que el plan sería implementado de forma progresiva para evitar pérdidas de dinero. Sin embargo, proponemos crear un sistema nacional de transporte independiente en regiones, coordinado por el gobierno central, pero sin depender por ejemplo, del Transantiago para subvención[2] (buscando parchar la estructura del sistema), sino que de una inversión constante y total (no parcial).

Finalmente, el hecho de crear un sistema de transporte público y privado eficiente, llevará consigo por ende, la modificación de artículos, y hacer valer las leyes vigentes para que prevalezcan en conjunto con la realidad que día a día vivimos todos los chilenos.