Abolición a largo plazo del Impuesto al Libro

Hoy, el Impuesto a los Libros es de un 19%. El precio de un texto, de cualquiera naturaleza, en las librerías de nuestro país bordea entre los 5 y los 20 mil pesos, lo que implica que aquellas personas que ganan menos de $300.000 al mes no puedan acceder a este bien cultural.

Por mucho que sean un bien elástico, los libros permiten a la población mejorar su nivel cultural y su educación, de ello no hay duda. Sin embargo, el difícil acceso a ellos que genera el alto impuesto que los afecta, dificulta la adquisición, principalmente, de los estratos económicos bajos de la sociedad. Esto provoca una oligárquica repartición del conocimiento, que no solo desvirtúa a la sociedad en el sentido del reparto poco equitativo del bien intelectual, sino que además, a la larga, afecta la integridad de las personas, he impide que se incremente el capital humano de nuestro país.

El actual impuesto del 19% es el más alto del mundo. En países tales como Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador y Argentina, el porcentaje de impuesto a los libros es de un 0%. Por otra parte, en países europeos tales como Francia, Alemania, Portugal y Suecia, dicho gravamen no supera un 8%.

Según el estudio Chile y los libros, que realizó Fundación La Fuente en conjunto con Adimark, se obtuvo como resultado que de las personas testeadas el 81, 5% consideran que los libros en el país son muy caros. Además, una de cada cinco personas considera que si se eliminara el IVA se sentiría mucho más interesada en comprar libros. 

En otro estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas junto al Consejo Nacional de Cultura sobre el “Consumo Cultural y uso del Tiempo Libre”, se indica que en un período de tres meses, del sector de estrato económico bajo, un 14,1% de los consultados había comprado un solo libro, entre un total de 1.142.313 encuestados.

Los porcentajes de lectura en los chilenos han bajado considerablemente. Hasta 1970, Chile era junto a Argentina, el país con el más alto índice de lectura de Latinoamérica. No obstante, desde el gobierno militar en adelante, los índices de esta actividad han ido decayendo progresivamente. Así lo grafica un estudio realizado por la UNESCO en el año 2000, donde se explica que entre un 50 y un 57% de la población nacional que se encuentra entre los 15 y 65 años, no era capaz de entender lo que leía, ni mucho menos sentir la necesidad o el deseo de tomar un libro y leerlo.

Otro punto de relevancia a considerar, es el hecho de que no solo la baja de los precios en los libros debiera estimular la compra y adquisición de los mismos, sino que dicho cambio debiera ir acompañado de una nueva concepción de esta importantísima fuente de conocimiento y herramienta educacional. Para ello, se debieran impulsar políticas escolares que fomenten de forma obligatoria la lectura diaria, con el fin de mejorar la comprensión lectora y lograr formar seres más íntegros y cultos.

Sin pasar por alto el tema del cambio en el presupuesto del país que generaría esta variación tributaria, se propone como medida una disminución gradual del Impuesto al Libro y el alza de otras clases de impuestos para compensar dicha variación. En primer lugar, se debe estudiar las ganancias que se obtienen actualmente gracias al Impuesto al Libro. Luego, a medida que fuese bajando, ir compensando con el alza en los impuestos verdes, impuestos a la comida chatarra y al lujo. ¿Por qué? El primero, para intentar regular el consumo de dichos productos contaminantes para el medio ambiente; el segundo, para prevenir las enfermedades derivadas del consumo prolongado de comida chatarra tales como la obesidad e hipertensión, entre otras, y sus mismos derivados; y la tercera porque, como bien dice su clasificación, los lujos no son bienes de primera necesidad, mientras que la facilidad de acceso a los libros (que no son lujos), permite de cierto modo aportar con uno de los derechos básicos de nuestro país: el derecho a la educación, según el Capítulo III, artículo 19°, inciso 10°, párrafo 1 de nuestra constitución política.

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, este mensaje es viable dado que si se lleva a cabo una buena gestión que permita una eficiente regulación del presupuesto nacional, no habría mayores inconvenientes. Al contrario,  permitiría una democratización del acceso a la cultura a lo largo de todo el país.

No debemos olvidar que es un deber de todos los chilenos el promover la lectura y permitir su correcto desarrollo, puesto que cuando un país se educa, crece.