Moción de Modificación a la Ley Indígena 19.253: “Un nuevo trato a los pueblos originarios en el Chile post-Bicentenario”.


Internado Nacional Barros Arana - SANTIAGO - Región Metropolitana de Santiago




Internado Nacional Barros Arana
lunes 30 de julio, del presente año
2012

Una sociedad  que  avanza a pasos agigantados como la nuestra debe ser fuerte y rauda, donde el predominio tecnológico es alto y la eficiencia se apodera de todos los sectores; una sociedad que está edificada sobre un largo y angosto territorio rico de la más amplia y vasta fauna y flora, una sociedad construida sobre esperanzas y sueños, una sociedad que se debe a sus piedras angulares, como lo son nuestras etnias; es deber cívico y ético de parte de cada chileno y chilena preocuparse y defender a los ancestros, padres y héroes, que desde antes de la llegada del forastero daban vida a un Chile milenario, ancestral, hermoso y a su vez único.

 

Chile está lejos de lo que fue en 1998 y se hace urgente una  puesta al día de la Ley 19.253 que regula la relación del Estado de Chile con los pueblos originarios. En nuestra sociedad día a día se están dejando de lado nuestras raíces, se pierde lo que hemos denominado el sentido del ser, vemos como somos absorbidos por lo material y no permitimos que se desarrollen nuestros valores, conciencia y espiritualidad que son  elementos que permitirán construir los cimientos de una sociedad íntegra, que considere a nuestros pueblos originarios con toda su riqueza cultural basada en su relación con la naturaleza.

 

Reconociendo la… correlación entre la ubicación geográfica de áreas de alta ocupación indígena con las áreas de alta vulnerabilidad ecológica, resulta necesario combinar estrategias de desarrollo socioeconómico con identidad con  estrategias de conservación biológica.  En este contexto es importante y urgente reconocer, rescatar, preservar y fortalecer el patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas como un elemento clave en sus propias estrategias de desarrollo con identidad y como un aporte en el proceso de búsqueda de soluciones a los grandes desafíos que enfrenta el mundo.  Por lo tanto, es urgente establecer los espacios de diálogo y concertación entre los indígenas y los gobiernos para superar los antagonismos a veces muy fuertes, romper la exclusión económica y social, y facilitar el aporte de los indígenas a los procesos de definición de políticas y estrategias de desarrollo”.[1]

 

La CONADI dentro de su visión y misión tiene elementos que son muy acertados, sin embargo,  no resuelve las demandas y necesidades actuales de nuestras etnias, estableciéndose en la actualidad como una ley que requiere una revisión y re-estructuración de la composición orgánica de la institución en pro de las demandas no satisfechas de nuestros pueblos originarios, procurando una mayor participación democrática que permita  tomar decisiones a través de la corporación, y así  construir una identidad en conjunto, sin exclusiones, fundamentada y verdaderamente  representativa de nuestros pueblos originarios.

 

 

Los siguientes datos demuestran con certeza lo que queremos denotar:

En orden descendente, las regiones con mayor población indígena:
• Primero la región de la Araucanía aporta con el 29.6% del total del país, siendo 204.125 indígenas.
• Luego la región Metropolitana tiene un total de 191.362 personas declararon pertenecer a una etnia, siendo esto el 27,7% del total a nivel país.
• La región de Tarapacá, abarca un 7,1% del total nacional de población indígena, siendo en la región 48.665 las personas que aseguran pertenecer a una etnia.
• Por último la región de Antofagasta acoge a un total de 22.808 indígenas, lo que representa un 3.3% del total nacional.

 

Hemos corroborado que las comunidades y agrupaciones étnicas han visto frustradas sus opciones de participar e intervenir como entes activos dentro de nuestra sociedad. Creemos que esto se puede mejorar sustancialmente mediante la renovación de la CONADI, aumentando el número de representantes, otorgándoles mayor poder de decisión, a través de una nueva estructura que legitime a nuestras comunidades étnicas.

 

El compromiso de los entes de nuestra sociedad, es la principal vía para lograr el tan ansiado desarrollo, y este se ha visto en reiteradas ocasiones. Con lo cual, la aprobación de las bases no es una urgencia, como si lo es la legislación correspondiente.

 

Nuestros pueblos originarios se han visto en diversas oportunidades, apoyados por la sociedad; ya sea en manifestaciones, consultas ciudadanas, y está en el ‘’inconsciente colectivo’’ la necesidad de otorgarles la autonomía suficiente para su desarrollo conjunto al nuestro.



[1] Anne Deruyttere, Jefa de la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo.