Prueba de Integración Ciudadana Juvenil (PICJ).

Nuestra iniciativa de Ley corresponde a un mensaje dictado por nuestro excelentísimo Presidente de la República.

Creemos que el gran problema de la educación chilena actual es que ésta no garantiza la formación de ciudadanos/as con clara conciencia social y política; principalmente porque el concepto de calidad se define a partir de los conocimientos, dejando de lado otros aspectos de la formación de los/as estudiantes.

Las pruebas estandarizadas como el SIMCE, otorgan recursos económicos a los establecimientos educacionales que logren un buen puntaje en dichas evaluaciones; esto produce que los colegios, al buscar recursos económicos, dejen de lado la formación de sujetos y futuros/as ciudadanos/as por cumplir sólo con los requerimientos de estas pruebas.

A razón de esto, los establecimientos se convierten en sistemas competitivos, que sólo se enfocan en conseguir buenos resultados, limitándose a desarrollar únicamente Contenidos Mínimos Obligatorios; descuidando las habilidades necesarias para lograr formar un nuevo miembro activo de la sociedad, como lo proponen los Objetivos Fundamentales Transversales.  Prueba de esto, es que los/as jóvenes —en muchos casos— demuestran una falta de interés en la política y la institucionalidad chilena, siendo la participación política juvenil  de nuestro país una de las más bajas de todo Iberoamérica y el mundo entero, con sólo un 7% de votantes entre 18 y 24 años[1].

Otro antecedente que explica la falta de instrucción social y política al interior de los establecimientos educacionales, es que en Chile existe un pasado traumático que   nos limita a hablar de política, ya que esto implica —supuestamente—revivir tensiones y conflictos del pasado. Según la RAE, política se define como: “Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo”;  por tanto, si hablar de política en nuestro país es un acto de disputa entre dos bloques históricos, estaríamos restándole valor a la participación de nuevas generaciones, con nuevas opiniones, discursos y proyectos políticos, que apunten hacia un futuro que logre sanar las heridas del pasado reciente de nuestra historia.

Si la formación de sujetos críticos fuese considerada como parte de la “calidad de la educación”, entonces tendríamos como resultado que los colegios se enfocaran en conseguir metas favorables a la formación de sujetos partícipes en el ámbito social y político.

Debido a estas problemáticas, pasadas y actuales, proponemos una nueva prueba que permita promover el desarrollo del pensamiento crítico y la formación de ciudadanos/as en los colegios del país, y que su resultado sea referente de la calidad de educación que se entrega en dicho establecimiento

Para solucionar el problema de la escasa formación social y política que entregan los establecimientos a nuestros/as estudiantes, así como la baja participación política juvenil, proponemos la creación de una prueba complementaria al SIMCE que medirá nuevas habilidades.  

La Prueba de Integración  Ciudadana Juvenil (PICJ); será elaborada por un grupo de expertos: psicólogos/as, sociólogos/as y educadores/as (todos especialistas en educación). Ésta se basará en tres puntos fundamentales:

1.     Participación política de los jóvenes: proponemos evaluar el uso eficaz de los espacios de participación en el establecimiento, ya sea mediante el Centro de Alumnos, directivas y delegados de cada curso u otros propuestos por el colegio.

2.     Conocimiento de los/as estudiantes de su entorno y la sociedad que lo rodea, así como su relación con ésta.

3.     Nivel de conciencia política con sus respectivos derechos y deberes.

De acuerdo a estos tres ejes fundamentales se asignará una valoración a los establecimientos que logren obtener un destacado desempeño en la rendición de la Prueba de Integración Ciudadana Juvenil; mediante estos resultados, los establecimientos educacionales recibirán un aporte monetario que les permita potenciar los procesos educativos al interior de las escuelas.

El ministerio de Educación se encargará de la entrega de los recursos fiscales a los colegios; esto significaría una oportunidad real para todos los establecimientos, ya sean privados, públicos o particulares, de competir en igualdad de condiciones con el resto de los establecimientos y así lograr mayor equidad y calidad en la educación. Esto será una motivación para que los establecimientos concentren sus esfuerzos en formar ciudadanos integrales, capacitados en conocimientos y habilidades sociales.