Iniciativa juvenil de Ley
Derogación del código de agua
Problemática: La creciente demanda por materias primas ha
provocado una perturbación progresiva sobre los ecosistemas, lo que ha
dificultado cada vez más el manejo de los recursos naturales. El agua, elemento
esencial de los ecosistemas y que sostiene todas las actividades humanas, se
encuentra en un estado particularmente crítico producto del agotamiento de
acuíferos y desecación de aguas superficiales. El problema del agua es sobre
todo un problema social, que involucra tanto a los derechos de las personas
como a las autoridades que conceden y administran tales derechos, por lo tanto,
debe ser entendido como un asunto principalmente político y de urgencia
nacional. Es así, como el actual marco
legal e institucional que rige el uso y manejo de los recursos hídricos en Chile,
está establecido en la Constitución política de 1980 y detallado en el Código
de Aguas de 1981, por lo que no debe quedar fuera del análisis el hecho de que
la gestión del agua en nuestro país tuvo su origen en dictadura, en
consecuencia, estrechamente vinculado a la instauración del modelo neoliberal.
Aquella perspectiva económica queda manifiesta en la misma
definición que se les da a las aguas en el artículo 5° del Código, donde dice
que son un “bien nacional de uso público y se otorga a los particulares el
derecho de aprovechamiento de ellas”, lo cual las transforma al mismo tiempo en
un “bien económico”. En la práctica, esto quiere decir que su gestión y manejo
quedan sujetos a los criterios del libre mercado y a las normas de la propiedad
privada, generando así el mercado del agua.
Fundamentos:
Impacto
social: Todo asentamiento humano se construye sobre la base de una
fuente de agua potable que pueda suplir los requerimientos básicos de una
población. Esto que resulta una perogrullada ha sido elemental en el desarrollo
humano a través de los tiempos.
La zona norte de nuestro país –por ejemplo- alberga el
desierto más árido del mundo, y en esta tierra la escasa disponibilidad de agua
genera conflictos por las prioridades de su uso, principalmente entre la
actividad minera y las comunidades locales. Por nombrar sólo un caso, el año
2005 la DGA reconoció “daño por desecación” de Pampa Lagunillas, territorio de
la comunidad aymara Cancosa, ubicada en
la comuna de Pozo Almonte. En aquel lugar se ubican bofedales y vegas,
ecosistemas de humedales de la prepuna andina que alberga gran biodiversidad y
representa el sustento de la actividad agrícola y ganadera tradicionales de
aquella comunidad. Otro caso emblemático
surge en la provincia de Petorca (zona central) localidad caracterizada por la
agricultura de cítricos y paltos. Hace años que no se tiene agua superficial,
lo que evidencia la extrema situación de sequía que vive esta localidad de la V
región.
Impacto
hidrológico: Chile es catalogado como un país abundante en agua dulce,
capaz de satisfacer fácilmente la demanda interna, con promedios de 53.000
m3/persona/año de agua superficial y subsuperficial, cuando el umbral de
sustentabilidad se marca en 2000 m3/persona/año, de acuerdo a cifras del Banco
Mundial. Sin embargo, este promedio cambia cuando se analiza el país por zonas,
donde el norte marca valores muy por debajo de lo suficiente para el consumo
humano en comparación a la zona sur. Hoy se reconocen 8 cuencas hidrológicas en
estado crítico, pero las consecuencias de esta situación son desconocidas
debido a la carencia de estudios que aborden los efectos socioecológicos del
déficit de agua. No obstante, ya se sabe que los impactos abarcan procesos ecosistémicos
tales como filtración de agua, retención de humedad en el bosque o acumulación
de agua en acuíferos y, por consiguiente, impactando sobre el bienestar humano.
Si bien se conocen ciertas dinámicas hídricas de casos puntuales y acotados a
lugares específicos, existe un desconocimiento general del funcionamiento de
los acuíferos en Chile. Aun así, las determinaciones sobre la extracción de
agua se realizan sin ningún antecedente sobre sus posibles consecuencias, por
lo que el sobreuso de agua podría impactar a los ecosistemas, sin poseer
información exacta sobre la dinámica local de dichos acuíferos.
Reformas
legales: Hasta la fecha, existen al menos trece iniciativas
importantes para modificar tan sólo el Código de Aguas y alrededor de doce que
pretenden realizar un cambio en la Constitución, la mayoría elevando a rango
constitucional el dominio público de las aguas. Estas iniciativas incluyen
proyectos con pequeñas modificaciones, como limitar la entrega del derecho de
agua en un sólo río de Chile
Desafíos: Para hacer
frente a esta crisis, resulta imprescindible realizar un cambio constitucional
que se ajuste a las necesidades no sólo económicas, sino que también sociales y
ambientales del país. Aun cuando se han realizado pequeñas modificaciones al
Código de Aguas, sin un cambio constitucional que la establezca como un bien
común y no como bien particular, las modificaciones que se puedan hacer a la
ley no dejarán de ser cosméticas y no apuntarán a un real cambio de paradigma
sobre cómo se concibe el agua, tanto a nivel de sociedad como de ecosistemas.
Más aún, para que estos cambios sean adecuados y coherentes con la realidad de
cada territorio, es fundamental que sean elaborados en conjunto con las
comunidades, de modo que el diseño, gestión y fiscalización del uso del agua
provenga desde los mismos actores sociales que dependen cotidianamente de ella.
Este el caso de muchas APR que subsisten en nuestro país.
Al eliminarse el código de agua, este elemento vital pasaría a
manos del Estado pasando a ser cargo del Ministerio de Medio Ambiente en donde
será dividido para consumos de la población (agua potable) y consumo de regadío
por sección.
Con el agua potable se implementaran APR a lo largo del país,
pasando del Ministerio de Economía al Ministerio del Medio Ambiente. Con el
objetivo de controlar el consumo de éstas, las cuales serán responsables de la
cobranza por la sanitización y mantención de las aguas. Y con el agua de
regadío s se implementaran oficinas de fiscalización y control de la distribución
del caudal separándola por secciones.
En cada sección se
ubicaría una oficina de fiscalización y distribución del agua a cargo de la
D.G.A. (entidad que asumiría estos roles con mayor poder).
Si estos métodos no son cumplidos habrán sanciones las cuales
consisten en:
En lo potable:
1.- Aviso de corte de
suministro del agua potable
2.- corte suministro
En lo fluvial: Si un privado o cualquier entidad interviene
los cursos fijados por la D.G.A
1.- multa de 5 UTM
2.- pena mínima de cárcel
3.-reduccion del 15% de terreno intervenido por los caudales
del rio, en caso de que esta falta sea reiterada, se reducirá un 30%, luego a
un 60% hasta un 75%
El 40% de estas multas anuales irían a un fondo destinado a reparaciones de
equipos o para solucionar cualquier problema de uso. El 60% iría a parar al
Ministerio del Medio Ambiente, para ir en apoyo de políticas de preservación
medioambientales de la zona correspondiente, promoviendo, así una efectiva descentralización de los
recursos y apoyando el desarrollo sustentable.
En conclusión, este
proyecto de ley pretende dar una
solución a una problemática que día a
día se hace más apremiante sobre todo si pensamos que las grandes mineras están
haciendo uso para beneficio privado de un bien común, a costa, por
ejemplo, de intervenir glaciares, y que los resguardos de este vital elemento
no han sido debidamente protegidos por el estado de Chile, pero sí
arbitrariamente utilizados; ya sea por
las cupríferas o por los privados; ese es nuestro aporte entender que el agua
debe alcanzar para satisfacer las necesidades básicas de nuestro país y no ser
una moneda de intercambio, ni de mercado.